'Administrar' significa conservar, y además de ello, obtener el máximo rendimiento económico de lo que se esta administrando.

Los administradores de las sociedades son aquellas personas que llevan a cabo la gestión y representación de las sociedades.

En los estatutos de la sociedad se debe indicar quién tendrá la administración de la sociedad. La administración puede ser realizada por:

Un administrador único.
Dos administradores solidarios: significa por ejemplo que en la cuenta bancaria de la sociedad puede firmar indistintamente cualquiera de los dos administradores.
Administración mancomunada: significa que deben firmar obligatoriamente los dos administradores.
Un consejo de administración formado por un mínimo de tres miembros.

La responsabilidad de los administradores debe ser calificada como legal, esto es, deben actuar como dice y especifica la Ley. Además de ello, tienen responsabilidad personal de la mala actuación que hayan podido realizar en la sociedad. Los administradores deben responder por actos contrarios a la Ley o por ser también contrarios a los estatutos de la sociedad.

Los administradores deben actuar con diligencia. Esto significa que deben estar informados, vigilar, guardar secreto, y actuar con lealtad: deben actuar en beneficio de la sociedad y no en su beneficio particular. También responden los administradores del daño material o moral que hayan realizado a la sociedad.

La responsabilidad se define como la capacidad de responder ante terceras personas por los actos que se realicen. Los administradores de las sociedades responden de las infracciones tributarias que produzca la sociedad. Esto significa que si la sociedad no cumple con sus deberes de hacer las declaraciones fiscales en su plazo correcto o si no se ha declarado bien los ingresos de la sociedad, es responsabilidad personal de los administradores.

Esta responsabilidad viene especificada muy clara en la Ley General Tributaria. También pueden llegar a tener los administradores responsabilidad penal si la calificación de lo que ha realizado el administrador es calificada como delito, es decir, cuando ha defraudado a la Hacienda Pública española. Es delito cuando se ha producido cualquiera de las siguientes situaciones:

Cuando la sociedad ha realizado retenciones y no se las ha dado a Hacienda.
Cuando ha disfrutado de deducciones fiscales o de bonificaciones indebidamente.
Cuando impide u obstruye la actividad inspectora de la Hacienda Pública.

En determinados casos especificados en la Ley la Responsabilidad Penal puede terminar en la cárcel para los administradores que no han actuado correctamente en materia tributaria.

Hace años se constituían sociedades y los administradores de las mismas no respondían de la mala administración. Hoy día la Ley ha cambiado mucho en ese aspecto y este asunto es más serio, hasta el punto de llegarse a responsabilidad penal en algunos casos.

Actualmente la Ley es estricta con la mala actuación de los administradores, especialmente en temas de impuestos, esto es, por la no presentación de las declaraciones fiscales obligatorias tales como el Impuesto de Sociedades, por intentar engañar a la Hacienda Pública, por no ingresar las retenciones, por no ingresar el IGIC que han cobrado, etc.