Muchos propietarios de viviendas 'olvidan' muchas veces los impuestos que afectan a las propiedades inmobiliarias y los controles que existen por parte de las autoridades locales, autonómicas y estatales.

1. Desde el momento en que se compra una vivienda, se debe hacer una escritura publica notarial de compra. Los notarios están obligados a informar a las autoridades fiscales de las operaciones de compra y venta de propiedades que se hacen cada día. En esa compraventa realizada queda constancia de la persona o sociedad que compra y la persona o sociedad que vende. Los inspectores de Hacienda tienen plena libertad para saber las operaciones notariales que se hacen cada día en las notarías de toda España.

2. El comprador debe liquidar el llamado Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales a la comunidad autónoma, con lo cual queda registrado ese pago de esa propiedad a la comunidad autónoma.

3. El vendedor debe declarar la compraventa en su declaración fiscal anual. Si se trata de un no residente, el comprador debe retener un 10% del valor de venta e ingresarlo en Hacienda antes de 30 días de la transmisión. En ese documento también queda clara la identificación del vendedor y del comprador. Además de eso, el vendedor debe declarar la ganancia obtenida por la venta.

Algunas personas extranjeras no lo hacen. Cada día hay mayor intercambio de información entre los países de la Unión Europea en materia de impuestos por lo cual la Hacienda española puede contactar con sus homólogas de Inglaterra, Alemania, etc.

4. Cada año el propietario debe declarar sus propiedades en su declaración de renta y de patrimonio tanto si es persona física residente como también no residente. Si se trata de propiedades a nombre de sociedades también deben declararlas.

5. Si la propiedad se alquila, esos alquileres deben ser declarados a la Hacienda española. No es muy difícil para los inspectores de Hacienda saber que esa propiedad se está alquilando, ya que por consumo de agua y de electricidad se puede deducir que existe alquiler.

6. Los ayuntamientos también controlan las propiedades que están en su territorio. Así los propietarios deben pagar los impuestos municipales, que son el llamado IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) y los impuestos municipales de basura.

7. Las sociedades que tienen propiedades tampoco escapan del control. Si los socios propietarios de la propiedad utilizan esa vivienda, la sociedad se entiende que recibe un alquiler a precio de mercado que también debe ser declarado cada año.

8. Las comunidades autónomas están ultimando un control más estricto aún de las propiedades. Existe un catastro que controla todas las propiedades de una región. Además de ello, las comunidades autónomas están en un proyecto de fotos aéreas que a través de Internet se puede saber cuál es el precio de mercado de una propiedad. Esto es, en la práctica, las operaciones de compraventa se hacen en muchas ocasiones por valores que no corresponden a la realidad. Así pues, Hacienda es consciente de que un porcentaje importante de las compraventas no se hacen por el precio declarado en la notaría, sino por mucho más. Posteriormente surgen conflictos, porque los registros de la propiedad y Hacienda estatal, que tienen técnicos y arquitectos que valoran las propiedades a su justo valor, envían cartas a las dos partes que han intervenidos (comprador y vendedor) para explicarles que lo que se ha declarado no es la realidad, sino una ficción para escapar de los impuestos.

En conclusión, decir que aunque muchas personas extranjeras crean que sus propiedades no están controladas correctamente por las autoridades españolas, que sean conscientes de las repercusiones de no hacer las cosas correctamente. Si hace 15 años la situación era más primitiva para la Hacienda española por la escasez de medios técnicos, decir que los servicios de inspección han evolucionado muchísimo con la tecnología que hoy es posible para controlar, esto es básicamente los ordenadores, Internet y la mayor coordinación que cada vez existe entre los países europeos para luchar contra el fraude y la evasión de impuestos. Además de ello la Hacienda española presume de ser una de las más avanzadas de la Unión Europea.