El Gobierno español cuenta con
un nuevo procedimiento para la aplicación de las directivas
europeas de intercambio de información tributaria,
que obliga a la Hacienda Pública española (también
llamada Agencia Tributaria) a intercambiar información
con los demás estados comunitarios para la liquidación
de los impuestos que recaen sobre la renta, el patrimonio,
etc. Este compromiso legal está recogido en uno de
los Boletines Oficiales del Estado de febrero de 2006.
Hasta ahora era complicado saber que un ciudadano de un
país europeo tenía propiedades, rentas, etcétera,
en otro estado europeo o saber si los impuestos eran pagados
correctamente donde correspondiera. Por esta razón
la Comisión Europea ha realizado en los últimos
años un importante esfuerzo, para que exista una
comunidad de intereses y colaboración entre las Administraciones
Tributarias de los países de la Unión Europea.
Una colaboración internacional que ya existe y que
está en relación también con este asunto
y que está aplicándose actualmente, es el
intercambio de información de intereses pagados a
personas físicas residentes en otro estado miembro
de la Unión Europea, para eliminar los refugios fiscales
de los llamados paraísos fiscales.
Por otra parte y también en los tratados para evitar
la doble imposición internacional, se hacía
referencia al intercambio de información.
La desaparición de las fronteras en el seno de la
Unión Europea ha supuesto un enorme desafío
para las autoridades fiscales de todos los países
de la Unión que han comprobado con el paso de los
años, el descontrol que existía en materia
fiscal. Esto significaba que había que colaborar
entre los países para luchar contra los fraudes de
impuestos, blanqueo de dinero, evasión de impuestos,
etc.
Este plan fomenta el intercambio directo de información.
Para ello la Unión Europea ha desarrollado una aplicación
informática para el intercambio de información
fiscal internacional.
Este programa permite que las personas autorizadas (básicamente
funcionarios del Gobierno) puedan intercambiar informaciones,
solicitar ayuda para buscar información de personas,
empresas, propiedades, rentas, que pudieran estar evadiendo
impuestos, causando fraudes a las Haciendas Públicas
nacionales, entre otros.
También se constituirá a nivel central, un
servicio de traducción (inglés, francés,
alemán) que pueda gestionar las solicitudes de traducción
externa.
El marco jurídico para el intercambio de información
sobre los impuestos directos de la Unión Europea
se basa en una Directiva Comunitaria que fue posteriormente
incorporada a las leyes españolas.
Este acuerdo de colaboración viene a ser la culminación
de un programa de medidas que ha tomado la Unión
Europea, que tenía como objetivos que los funcionarios
cooperaran para modernizar la legislación, simplificarla
y unificar la legislación comunitaria, todo ello
para conseguir la cooperación y coordinación
administrativa y la lucha contra el fraude. Por ello la
Comisión y los Estados Miembros crean sistemas de
comunicación y de intercambio de información.
El material, los programas informáticos y las conexiones
a las redes deben ser comunes a todos los estados miembros
para garantizar la compatibilidad de los sistemas. La Comisión
Europea organizará un tronco común de formación
para los funcionarios, así como cursos de formación
en fiscalidad previsto por cada Estado para la formación
de los funcionarios. Los gastos necesarios para el desarrollo
del programa se distribuirán entre la Comunidad de
Estados Miembros.
Por todo ello, puede afirmarse que cada vez lo tienen más
complicado las personas que quieran evadir impuestos en
un estado dentro de la Unión Europea, ya que la colaboración
internacional cada vez cierra más el cerco de aquellos
que quieren escapar y no pagar sus impuestos correctamente.