Canarias tiene ventajas fiscales desde hace siglos. Estas ventajas fiscales vienen detalladas en una Ley llamada REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias). El Gobierno de Canarias ha conseguido que el Gobierno nacional y la Unión Europea renueven esas ventajas fiscales sólo existentes en Canarias.

Las novedades más importantes se refieren a la famosa Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). La RIC es, en resumen, la posibilidad de que las sociedades que desarrollen su actividad económica en Canarias, puedan reinvertir hasta el 90% de sus beneficios en su propia empresa con determinadas condiciones, pagando sólo impuestos sobre el 10% restante. La diferencia en la carga de impuestos es muy considerable con respecto al resto del territorio español.

Las novedades más importantes en la nueva RIC son:

1. Posibilidad de que la RIC pueda ser destinada a financiar los costes laborales (sueldos y seguridad social) relacionados con nuevas contrataciones de personas necesarias para desarrollar nuevas inversiones que realice una empresa. Esto puede hacerse durante un plazo de 24 meses. La creación de puestos de trabajo deberá hacerse en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en funcionamiento de la inversión. Los puestos de trabajo deberán ser mantenidos por la empresa durante 5 años.

2. La RIC podrá ser usada en activos fijos usados, necesarios para la actividad, siempre y cuando esos activos no se hayan beneficiado anteriormente de ese mismo beneficio fiscal.

3. La RIC podrá también destinarse a empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC), que es una zona de baja tributación existente en determinadas partes de Canarias.

4. Hacienda obliga a que las empresas que quieran invertir en RIC, deban presentar un plan de inversiones, con información relevante y que deberá aparecer claramente en la memoria anual que debe presentar las empresas en el Registro Mercantil.

5. Aparece un régimen sancionador aplicable a las empresas que no cumplan con los requisitos. Se trata de que haya una mayor claridad en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la RIC y en caso de no cumplirlas, habrá sanciones.

6. Se restringe el destino de la RIC para el suelo. No obstante, se permite la inversión en suelo cuando se trate de viviendas protegidas así como actividades industriales.

7. La RIC deberá aparecer en los balances contables con absoluta claridad.

8. La RIC deberá ser invertida en un plazo máximo de 3 años desde el que se haya tomado el acuerdo por la empresa.

9. La RIC podrá ser usada en la creación de establecimientos, en la ampliación de los mismos, en la diversificación de la actividad económica de la empresa, en establecimientos para nuevos productos, así como en locales para la transformación y proceso de producción de un establecimiento.

10. También podrá destinarse la RIC a la rehabilitación de establecimientos turísticos situados en zonas en decadentes y en retroceso.

11. La RIC continuará pudiéndose invertir en la compra de participaciones de empresas canarias que desarrollen en el Archipiélago su actividad económica. La inversión deberá dirigirse a la compra de activos fijos necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa.

12. Las empresas también podrán destinar hasta el 50% de las cantidades dotadas para la RIC en la suscripción de deuda pública emitida por la Comunidad Autónoma de Canarias, Ayuntamientos, Cabildos, etc., siempre que esas entidades destinen dichas inversiones a obras de infraestructura y equipamiento, o mejora del medio ambiente de Canarias.

13. También podrá destinarse la RIC a gastos de investigación y desarrollo en universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología. Estas inversiones deberán permanecer en funcionamiento un mínimo de cinco años.

Conclusion: el incentivo más importante para reducir los impuestos en Canarias, la RIC, se ha renovado por la Unión Europea y el Gobierno de España hasta el año 2013. Aparecen nuevas condiciones para inversiones y también nuevos destinos para la RIC, como son: poderse emplear en costes laborales relacionados con nuevas inversiones (sueldos y seguridad social), posibilidad de inversión en activos usados, rehabilitación de zonas turísticas decadentes, etc., pero también aparecen nuevas exigencias por parte de las empresas, tales como la obligación de hacer un plan de inversiones al presentar la declaración anual de impuestos. También aparece un régimen sancionador con la finalidad de que se vigile y se cumplan los requisitos legales.