Los administradores de las sociedades tienen la función de llevar a cabo la gestión cotidiana de la empresa y representarla con terceros. Por otra parte, la junta general es un órgano formado por los socios y encargado de adoptar los acuerdos más trascendentales de la sociedad -la organización jurídico corporativa, como la modificación de estatutos, ampliación de capital, disolución, fusión, etc–.

A los administradores los nombra la junta general. La junta general es el órgano que expresa la voluntad social y a ella están sometidos los demás órganos sociales en su nombramiento, actuación y revocación.

El nombramiento debe ser inscrito en el Registro Mercantil. La ley lo impone como obligatorio, con el plazo de diez días desde la aceptación. Además, es muy conveniente, porque la inscripción hace que el nombramiento produzca efectos no sólo contra la sociedad, sino también contra terceros que podrían rechazar el nombramiento: piénsese, por ejemplo, en un tercero que ha contratado con un administrador inscrito, pero que ya ha sido destituido y sustituido por otro sin haberse inscrito estos actos. Dicho cambio no se podría oponer al tercero que ha confiado en el registro, y la sociedad tendrá que respetar el contrato.

Teóricamente es posible que el órgano de administración esté compuesto por una sola persona, que sean varias personas, cada una de ellas facultada para actuar individualmente, o que tengan que actuar conjunta o mancomunadamente, o finalmente que se trate de un consejo de administración que adopta sus acuerdos por mayoría.

La elección de una u otra posibilidad depende del volumen de la sociedad y de la composición del accionariado. Una sociedad pequeña, familiar o cuasi unipersonal funcionará muy bien con un administrador único (muchas veces será el mismo socio mayoritario). Una gran sociedad con accionariado vario precisa un consejo más amplio y representativo.

Los administradores mancomunados o solidarios pueden ser una buena solución para sociedades intermedias en las que los mismos socios son los administradores. La actuación mancomunada significa que se exige siempre el consentimiento de todos los administradores designados, para cualquier acto: es más seguro, pero menos dinámico.

La actuación solidaria o individual implica que todos los administradores pueden hacerlo todo sin el consentimiento de los demás: permite una gestión muy ágil, pero exige una gran confianza mutua entre los administradores de la sociedad.

En las sociedades de responsabilidad limitada, la nueva ley admite el plazo de duración indefinida, aunque cabe la determinación de un plazo en los estatutos.

La responsabilidad de los administradores

La Ley de Sociedades Anónimas, a la que se remite la nueva Ley de Sociedades Limitadas, ha agravado mucho la responsabilidad de los administradores:

• Bajo la normativa anterior, los administradores sólo respondían en caso de malicia, abuso de facultades y negligencia grave.

• En la actualidad, el administrador responde frente a los acreedores sociales del daño que causen por actos contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados sin la diligencia con que deben desempeñar el cargo.

Esta responsabilidad es de carácter solidario entre todos los administradores y sólo se salvará el que pruebe que, no habiendo intervenido en su adopción y ejecución, desconocía su existencia o conociéndola hizo todo lo conveniente para evitar el daño, o al menos se opuso expresamente a él.

• No exonera de responsabilidad el hecho de que el acto haya sido adoptado, autorizado o ratificado por la junta general.