Con la aparición de la democracia en España, aparecieron las autonomías o regiones autonómicas. Pronto comenzó a descentralizarse el poder que estaba concentrado en Madrid. Lo lçoogico y correcto era descentralizar la administración, para conocer las realidades de las regiones y de las ciudades y pueblos. Por eso se crearon las autonomías, para descentralizar las decisiones y que la administración se acercara al ciudadano.

Hoy día, si se hiciera una encuesta en España sobre los funcionarios públicos y su coste, la gran mayoría de las personas encuestadas diría que en España sobran muchos y que nos cuestan demasiado. La Administración Pública de España tiene tres niveles: estatal, autonómica y local.

La EAE Business School, ha realizado un estudio titulado "El coste de la Administración Pública en España". Según este estudio, el crecimiento porcentual del gasto público total por habitante en funcionarios durante el período 2000-2008, fue en la Unión Europea del 36,2%, en Alemania del 17,7%, y en España del 58,7%

Las principales conclusiones del informe son que el tamaño del sector público ha experimentado un crecimiento desproporcionado durante la última década, y que tal incremento se ha producido, fundamentalmente, en el personal que se emplea en las administraciones autonómica y local.

La administración pública parece que vive ajena a la crisis económica. Mientras el paro aumentó en 1.280.300 personas en el año 2008, el número de empleados públicos creció en 116.200 personas. Esto significa que contrariamente a lo que sería lógico (ésto es, congelar la contratación de funcionarios públicos, o reducirlos ante la gran crisis que tenemos), se opta por contratar más.

Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) referentes al último trimestre de 2008, por vez primera hay más de tres millones de empleados en el conjunto de las administraciones (3.029.500). Este récord inexplicable de empleados públicos se alcanza cuando precisamente el paro alcanzó a finales de 2008 los 3.207.900 personas.

Hay un dato aún más esclarecedor: en el conjunto del Estado la ratio de funcionarios por número de habitantes es de 56,4 por cada mil, mientras que en las Islas Canarias, la relación es de 61,2. Es decir, por cada mil ciudadanos canarios existen 61 funcionarios, o lo que es lo mismo, 61 funcionarios tienen a su cargo la <<administración>> de <<sólo>> mil personas.

En toda España y con el espectacular crecimiento económico habido en las últimas décadas, las administraciones autonómicas y locales crecían sin parar. Ahora, sin embargo, la administración pública tiene problemas económicos y debe aligerar la carga.

Para entrar a trabajar en la administración pública española hay dos caminos: vía oposición, ésto es, se convocan plazas para cubrir determinados puestos y se ha de aprobar exámenes para poder trabajar; o bien se es contratado. La Administración si quiere podría comenzar a despedir personas, pero es una decisión con un alto coste político y económico, pues en España, a diferencia de otros países, hay que dar una gran indemnización cuando hay despidos. Además de ello, crea otro problema, que es incrementar más aún el paro. También ha funcionado en España el llamado "enchufismo", políticos (fundamentalmente alcaldes) que han influido para que se contrataran a familiares, amigos, conocidos, etc.

Canarias tiene que sostener a los 54.490 funcionarios que ejercen en la comunidad autónoma y que suponen a las arcas autonómicas unos 2.272 millones de euros.

El problema no es sólo económico, sino que en la actualidad ha saltado a la luz pública un dato que ha dejado estupefacto al ciudadano de la calle: más de 8.500 trabajadores de la Administración autonómica no acuden cada día a su trabajo. Se trata de un índice de absentismo laboral "desproporcionado" que roza el 15% cuando en el sector privado es del 5%. En la inmensa mayoría de los casos, ese absentismo viene dado por bajas médicas (por ejemplo, depresiones).

Como conclusión, decir que con la crisis económica que sufrimos hay que hacer una profunda reflexión y apretarnos el cinturón, pero es la administración publica la primera que debe dar imagen de austeridad y hacer un necesario recorte de personal. Aunque sea doloroso para muchas personas, será un bien para la comunidad, pero, ¿quién tomará la decisión?